El papel de los gobiernos: políticas culturales ¿más o menos fuertes?

Buenos días, me sumo a los debates que ya empezaron y que están muy interesantes.
Gobernanza, participación ... son términos que suenan interesantes. Pero creo que deberíamos discutir algunas cuestiones previas: ¿quién debería participar en la toma de decisiones públicas sobre política cultural? ¿cualquier ciudadano? ¿los actores del sector? ¿depende del tipo de decisión?. No parece que esto sea muy sencillo, ¿cómo avanzar?.

Creo que apuntas bien, María. Hay que definir los sujetos de esa participación. Pienso que representantes de sectores organizados (mediante asociaciones) deben estar. Igualmente podrían incorporarse personas de relevancia contrastada en el sector. En cuanto a si es suficiente con los órganos consultivos establecidos oficialmente, creo que no. El sector debe crear sus propias formas (reguladas) de participación y procurar desde estas estructuras ofrecer dictámenes, análisis, estudios, etc. Y en cuanto a la coordinación interadministrativas, podría éste ser un objetivo central del sector y no cesar de denunciar no ya las duplicidades, sino y sobre todo las "interferencias" que también podrían llamarse "palos en las ruedas del otro".

Siempre he sido partidario de que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones sobre la política cultural y, efectivamente, no es un tema sencillo de articular.
Pienso que la situación ideal es aquella que permita estructurar los cuatro tipos de agentes implicados: gestor cultural, políticos, sectores profesionales locales, ciudadanía. Y creo que esto pasa, necesariamente, por el ámbito local, mucho más fácil de generar participación.
Así, a bote pronto, se me ocurre un sistema de consejo de cultura en el que el gestor cultural, a partir de su experiencia y conocimiento del territorio, proponga escenarios sobre los que intervenir y propuestas de acción, con un informe técnico que recomiende ciertas prioridades; y un consejo de cultura ciudadana compuesto en un 50% por ejemplo por responsables políticos según su representación municipal, y otro 50% por ciudadanos, ya sean organizados en asociaciones locales y actividades profesionales como ciudadanos sin filiación directa con la vida cultural pero sí con cierto interés; este consejo de cultura aprobaría las acciones prioritarias de entre las propuestas por el gestor cultural atendiendo a su criterio profesional, pero con ciertas mayorías que permitieran cierta estabilidad en la decisión.
Y, además, ¿por qué no un presupuesto participativo?
Aunque se trata de una idea no muy pensada, creo que puede darnos margen para la reflexión en aspectos y soluciones concretas.

La idea de los Consejos se ha puesto en marcha en algunas localidades y su funcionalidad varía según el criterio político coyuntural, lo cual siempre es mejor que la ausencia de consejos locales (Se les llama "consejos sectoriales" en Ley de Régimen Local). Precisamente, el PxC podría recoger recomendaciones sobre cómo orientar ese Consejo o remitir a una regulación consensuada por el sector.

Vamos a plantear la propuesta específica de Rafael Morales a ver qué piensan los demás participantes. Esto no quiere decir que acabe el debate sobre este tema, se irán planteando otras propuestas para su votación a medida que vayan surgiendo.

En ciencia política este debate es viejo y con posiciones encontradas. Ahora parece que al calor de algunos movimientos sociales y partidos políticos, algún sector vuelve a reivindicar el modelo participativo de los Consejos Ciudadanos. Sólo recuerdo que incluso el mejor teórico y defensor de esos modelos, Joan Subirats, lleva tiempo trabajando en otras líneas. Para demostrarlo: fijaos en las diferencias de organización y estructura entre Podemos y Guanyem Barcelona (candidatura en la que Subirats es mentor intelectual). Subirás piensa más en canales de consulta organizados desde arriba pero muy permeables a la ciudadanía. Podemos habla(ba) de asambleas ciudadanas.
Mi posición diverge, creo, de lo que aquí se está diciendo. Pienso que las decisiones políticas siempre las ha de tomar el político en las instituciones políticas. Una decisión política es eso: política, es decir, objeto de controversia y de posiciones encontradas. De ahí que la decisión sea asumida políticamente. Para eso votamos y dirimimos cuales son las opciones políticas que van a orientar nuestras instituciones.
Sin embargo, pese a esta reclamación de la política (tan denostada hoy) que estoy haciendo, sí que reclamo un nivel administrativo mucho más permeable a la ciudadanía y sobre todo a las diferentes opciones profesionales. No estoy convencido de que las asociaciones profesionales sean hoy los mejores interlocutores de la Admon. Y no estoy convencido porque éstas asociaciones en su mayoría se han convertido en seres de un solo ojo, incapaces de mirar por otros intereses que por los propios, por no hablar de su cuestionada representatividad. Creo más en consejos consultivos amparados por la administración a los que se pueda acceder mediante concursos públicos de méritos, con criterios y metodologías transparentes, con mecanismos de control y de incompatibilidades, etc... Yo orientaría más la propuesta por ahí de cara a buscar fórmulas para mejorar el impacto y evaluación de las políticas culturales.

Creo que son compatibles las dos posibilidades, David. Los Consejos Sectoriales cumplen una función de conocimiento mutuo muy importante para abordar ciertos proyectos culturales que pueden afectar a toda la comunidad. Por otra parte, los Consejos amparados por la administración de que hablas pueden abarcar otros aspectos en al línea que apuntas.

El punto cero de la participación ciudadana no es metodológico (cómo llevarla a cabo) sino político (para qué se quiere fomentarla) y que conlleva unos valores (finalidades políticas) generando un proceso educativo para la sociedad. La participación no es una opción sino una característica de las democracias avanzadas.
De cara a plantear algunas características de un modelo adecuado de consejo asesor, en mi opinión, se debieran de tener en cuenta las siguientes cuestiones:
Definir claramente su función asesora y no ejecutiva, ya que ésta última es otra opción interesante y que probablemente a futuro vaya a tener un mayor desarrollo, pero es otra opción diferente que no conviene mezclar.
Especificar claramente las labores y límites de la función consultiva:
Delimitar cuando es preceptiva la función consultiva
Definir cuando es vinculante la función consultiva
Definir su composición y su funcionamiento, dotándole de medios adecuados que le permitan mantener un ritmo de trabajo que lo haga eficaz.
Que realmente tenga capacidad de incidencia a la hora de definir las políticas culturales de la administración a la que asesora.
Con un nivel de independencia y capacidad crítica que no haga de la labor del consejo un simple trámite de ratificación.
Con una composición adecuada que prime la representación de la sociedad civil y de los diferentes sectores culturales.

Los consejos asesores no son organismos que se crean para sustituir al organismo que asesoran. Son organismos que asesoran de cara a la definición y gestión de las políticas culturales. Son en definitiva, un elemento, una herramienta de participación ciudadana en cultura con las funciones, potencialidades y límites que se hayan marcado a la hora de su creación, y que dependiendo de su composición y funciones realizan también una cierta labor legitimadora de las políticas culturales públicas.
Con todo, y a la hora de plantearse acciones a favor de la participación ciudadana siempre queda una pregunta: ¿el organismo que crea un consejo asesor para la definición de su política, está dispuesto realmente a ser asesorado y en consecuencia a replantarse su política?

Respecto al tema de la coordinación interadministrativa / reparto competencial:
Hay que partir de la base que la cultura es una competencia concurrente, solamente delimitada por el desarrollo de leyes sectoriales que vayan aclarando las competencias de las diferentes administraciones en los diversos campos de la acción cultural (patrimonio histórico, asociaciones, mecenazgo etc.) por lo que la coordinación interinstitucional es una necesidad básica.
La labor de fomento y difusión de la cultura sigue siendo concurrente y no se ve fácil una clara delimitación de competencias. ¿Un festival de música a quién corresponde? ¿La construcción de un equipamiento cultural? ¿Y el mantenimiento de su programa de actividades? Definir competencias exclusivas es una interesante tentación por aquello de aclarar el panorama y concretar responsabilidades, pero para ello hay que tener en cuenta dos cuestiones:
El detentador de la competencia debe de tener la financiación adecuada.
La presión y demanda ciudadana se centra básicamente en el nivel local, y si el ayuntamiento no es el competente no va a ser fácil explicar a un ciudadano que sus demandas culturales no pueden ser atendidas porque no son de competencia municipal y aguantar la correspondiente presión (la ciudadanía entiende de necesidades no de repartos competenciales)
Y ¿Qué pasa con los ayuntamientos pequeños? Y ¿y con las Diputaciones?

El tema que abre Mikel es interesantísimo. Ahora parece haber una tendencia hacia la retirada de competencias a los municipios pequeños y me parece un error enorme. Se trata de la institución más cercana al ciudadano y que si es sensible con las diversidades culturales de los territorios por tanto iríamos para atrás. Lo que hay que hacer en cambio es completar sus servicios si no pueden llegar a ello con servicios mancomunados tipo mancomunidades , consorcios o las propias diputaciones que en teoría están para ello.